Los ataques al ganado suben el 14% desde la protección del lobo
La Comisión Europea ha invitado a todos los interesados a presentar datos actualizados antes del 22 de septiembre sobre la población de este animal y sus repercusiones
«La concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación vigente de la UE ya les permite hacerlo». La meditación es de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Estas declaraciones, hechas el lunes pasado, no solo continúan siendo palabras vacías de buena voluntad, sino que también sirven como una invitación para que las naciones regresen formalmente a las circunstancias preexistentes. Pero sobre todo suponen todo un ‘volantazo’ a las políticas medioambientales y de protección de especies que se habían promovido en los últimos años en países como España.
El lobo ibérico fue añadido específicamente a la Lista de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especialen septiembre de 2021, durante la sesión legislativa anterior, ilegalizando la caza de este animal. Ahora, la actuación de Bruselas supone un revés político a la política aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a la que se opusieron varias comunidades autónomas y el sector ganadero por los daños que este gran carnívoro depredador causaba en los rebaños, así mismo las operaciones agrícolas. El informe oficial más reciente sobre el censo de lobos cubre los años 2012 a 2014 y enumera 297 manadas, pero es vago sobre el número exacto de lobos, que podría estar entre 2.000 y 3.000 en toda España en estos momentos.
De hecho, zonas con mayor población, como Asturias y Cantabria, tenían permitida la caza del lobo dentro de sus fronteras para gestionar la población de lobos y evitar los frecuentes ataques, que las organizaciones agrarias cifran en unos 15.000 al año el promedio de cada campaña. Estos dos territorios, junto a Castilla y León, Galicia o Cantabria (que agrupan el 95% del censo total) iniciaron una batalla legal en la Audiencia Nacional para derribar dicha Orden. En julio de 2022, el propio gobierno matizó la ley e incluyó algunas excepciones al aprobar un protocolo para todas las comunidades autónomas como «medida preventiva» para la «extracción selectiva de ejemplares», lo que acarreó protestas de Ecologistas en Acción.
La Comisión Europa es ahora tajante: «El regreso del lobo a las regiones de la UE en las que ha estado ausente desde hace mucho tiempo conduce cada vez más a conflictos con las comunidades agrícolas y cinegéticas locales, especialmente cuando las medidas para prevenir ataques al ganado no se aplican de forma generalizada», apunta en un comunicado. Y aunque matiza que, como especie autóctona, el lobo es «un elemento integral del patrimonio natural de Europa y desempeña un papel importante en sus ecosistemas», matiza que «la mayoría de las poblaciones de lobos en Europa gozan de una protección estricta, con posibilidades de excepción».
No se queda en la retórica. La Comisión va más allá al abrir un plazo concreto, hasta el 22 de septiembre, para que las comunidades (Estados), los científicos y todas las partes interesadas, envíen «datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos» abriendo así, «una nueva fase de trabajo para abordar los retos relacionados con el retorno de los lobos». A partir de entonces, y sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá modificar, en su caso, el estatuto de protección de eta especie en toda la UE «y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir, en caso necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie».
«La concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos. Insto a las autoridades locales y nacionales a que tomen medidas cuando sea necesario. De hecho, la legislación vigente de la UE ya les permite hacerlo». La reflexión es de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Estas declaraciones del lunes pasado no sólo sirven como simples declaraciones de intenciones, sino que también alientan a las naciones a regresar formalmente a las circunstancias preexistentes. Lo más importante, sin embargo, es que suponen un «giro» respecto de las políticas medioambientales y de protección de especies que se habían impulsado en los últimos años en países como España.
Para controlar a la población y evitar así los frecuentes ataques –que, según las organizaciones agrarias, alcanzan una cifra de unos 15.000 ataques–, comunidades como Asturias y Cantabria, las que tienen el mayor censo de población, habían autorizado la caza del lobo en sus zonas de influencia promedio a lo largo de cada campaña. Estos dos territorios, junto a Castilla y León, Galicia o Cantabria (que agrupan el 95% del censo total) iniciaron una batalla legal en la Audiencia Nacional para derribar dicha Orden. En julio de 2022, el propio gobierno matizó la ley e incluyó algunas excepciones al aprobar un protocolo para todas las comunidades autónomas como «medida preventiva» para la «extracción selectiva de ejemplares», lo que acarreó protestas de Ecologistas en Acción.
La Comisión Europa es ahora tajante: «El regreso del lobo a las regiones de la UE en las que ha estado ausente desde hace mucho tiempo conduce cada vez más a conflictos con las comunidades agrícolas y cinegéticas locales, especialmente cuando las medidas para prevenir ataques al ganado no se aplican de forma generalizada», apunta en un comunicado. Y aunque matiza que, como especie autóctona, el lobo es«un elemento integral del patrimonio natural de Europa y desempeña un papel importante en sus ecosistemas», matiza que «la mayoría de las poblaciones de lobos en Europa gozan de una protección estricta, con posibilidades de excepción».
No se queda en la retórica. La Comisión va más allá al abrir un plazo concreto, hasta el 22 de septiembre, para que las comunidades (Estados), los científicos y todas las partes interesadas, envíen «datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos» abriendo así, «una nueva fase de trabajo para abordar los retos relacionados con el retorno de los lobos». A partir de entonces, y sobre la base de los datos recogidos, la Comisión decidirá modificar, en su caso, el estatuto de protección de eta especie en toda la UE «y actualizar el marco jurídico, a fin de introducir, en caso necesario, una mayor flexibilidad, a la luz de la evolución de esta especie».
