Nueva Zelanda revierte el impuesto al eructo del ganado, una medida polémica que impacta a la economía agrícola
El gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado su decisión de revertir el «impuesto al eructo» sobre los ganaderos, que se introdujo inicialmente en 2022 para abordar las emisiones de metano del ganado como vacas y ovejas. Nueva Zelanda revierte el impuesto al eructo del ganado, una medida polémica que impacta a la economía agrícola y afecta injustamente a la industria.
El metano, un gas de efecto invernadero, se produce durante la digestión de estos animales, por ello, este impuesto tenía como objetivo ayudar a Nueva Zelanda a cumplir sus obligaciones climáticas reduciendo las emisiones agrícolas.
El Ministro de Agricultura, Todd McClay, enfatizó el compromiso del nuevo gobierno de alcanzar los objetivos climáticos sin perjudicar la industria agrícola. Declaró: «El gobierno está comprometido a cumplir con nuestras obligaciones sobre el cambio climático sin cerrar las granjas de los Kiwis». Esta decisión está en línea con la postura del nuevo gobierno sobre equilibrar los intereses económicos y ambientales.
Sin embargo, la medida ha generado críticas significativas de grupos ambientalistas como Greenpeace y el Partido Verde de Nueva Zelanda. Greenpeace describió la reversión como el gobierno «declarando la guerra» a la naturaleza, subrayando la importancia de mantener medidas para mitigar el cambio climático. Estos grupos argumentan que el impuesto era un paso necesario para reducir las emisiones perjudiciales y proteger el medio ambiente.
La introducción original del impuesto en 2022 por el gobierno anterior, liderado por Jacinda Ardern, fue recibida con protestas de los agricultores que sentían que la política afectaba injustamente a su industria. La decisión del nuevo gobierno de eliminar el impuesto refleja un cambio en la política, probablemente influenciado por la considerable presión política y social de la comunidad agrícola.
Esta reversión de la política subraya el debate continuo entre la sostenibilidad económica y lo que se denomina en la actualidad como «responsabilidad ambiental», destacando los desafíos que enfrentan los gobiernos para abordar el cambio climático mientras apoyan sectores económicos vitales
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