Un recorte de entre el 20 % y el 22 % en el presupuesto de la Política Agraria Común a partir de 2028 encenderá las alarmas en regiones como Andalucía, Castilla y Extremadura
Un recorte de entre el 20 % y el 22 % en el presupuesto de la Política Agraria Común a partir de 2028 encenderá las alarmas en regiones como Andalucía, Castilla y Extremadura, donde miles de agricultores y ganaderos se verán afectados, con riesgos para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural.
La Comisión Europea propone reducir el presupuesto de la PAC para el periodo 2028–2034, recortándolo de aproximadamente 387 000 millones € a unos 300 000 millones, lo que supone entre un 20 % y un 22 % de disminución respecto a los fondos actuales. Además, la PAC se integraría en un fondo multisectorial, en lugar de mantener su presupuesto propio y gestionado en conjunto por Parlamento y Comisión —una modificación que el sector ya denuncia como “la disolución” de la política agraria común.
Los agricultores y aganderos han salido a las calles, y las organizaciones agrarias —ASAJA, COAG, UPA, Unió Llauradora— han expresado su rechazo firme, advirtiendo que este recorte supone un «mazazo a la soberanía alimentaria» y amenaza a la viabilidad económica de las explotaciones, especialmente las pequeñas y medianas. COAG ha alertado que los precios de los alimentos serán más altos y que las regiones rurales podrían quedar abandonadas.
En Andalucía, el consejero Ramón Fernández‑Pacheco ha advertido que la Junta se opondrá frontalmente a cualquier recorte de fondos, calificando esta decisión como “injusta y desproporcionada” para un sector que ha garantizado la producción y soberanía alimentaria incluso durante la pandemia.
En Castilla‑La Mancha, Vox estima que unas 23 000 familias de agricultores y ganaderos en Toledo podrían perder ayudas clave por esta reducción del 20 %. Por su parte, Castilla y León advierte de un posible abandono rural masivo, con más de 240 millones € menos para su campo, lo que podría implicar el cierre de explotaciones.
En la Comunidad Valenciana, la Unió Llauradora denuncia que se “cambia alimentos por armas”, alertando sobre la pérdida de identidad de la PAC al integrarse en un fondo global y bajo criterios macroeconómicos que podrían priorizar otras partidas.
Paralelamente, se anticipan impactos económicos: un análisis de El Economista sugiere que la reforma elevará el precio de los alimentos en toda la UE, presionando aún más la cesta de la compra. Se prevé una fase de negociación intensa, ya que las propuestas deben pasar por el Parlamento y enfrentan oposición de países del Norte como Alemania, Países Bajos y Suecia.
El recorte del 20–22 % a la PAC y su transformación en un fondo multisectorial representa un cambio estructural profundo, con graves implicaciones para la soberanía alimentaria, el desarrollo rural, la viabilidad de los productores y el precio de los alimentos. La presión social, la movilización del sector y las negociaciones políticas marcarán el futuro de la agricultura europea y española.
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