España recupera el estatus de país libre frente a la viruela ovina y caprina

Durante este año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desplegado un intenso trabajo de vigilancia, control y erradicación de la enfermedad, en coordinación con los servicios veterinarios de las comunidades autónomas y con el propio sector. Gracias a este trabajo ha sido posible suprimir las medidas de restricción aplicadas al movimiento de ganado y recuperar este martes el estatuto de país libre de una patología que no se detectaba en España desde 1968.

Desde entonces no se han detectado nuevos casos y se ha constatado una mejora de la situación epidemiológica que ha permitido al ministerio, una vez superados los plazos establecidos en la normativa comunitaria, suprimir las restricciones al movimiento de ganado establecidas en el conjunto del territorio nacional. De esta forma, concluyen las medidas sanitarias adoptadas por el brote y se retoma la actividad ganadera normal en las cuatro provincias de Castilla-La Mancha que permanecían restringidas.

El control de la enfermedad ha sido posible gracias al compromiso y al esfuerzo conjunto realizado por las administraciones públicas, nacional y autonómica, los laboratorios de sanidad animal de las comunidades autónomas y el Laboratorio Nacional de Referencia del Ministerio (Algete, Madrid) y, por el propio sector, en el que se incluyen los veterinarios que prestan servicio en las explotaciones y los propios ganaderos de las zonas afectadas, que han colaborado con los servicios veterinarios oficiales en todo momento.

La gravedad de la enfermedad de la viruela ovina y caprina requiere que las autoridades competentes lleven a cabo el sacrificio obligatorio e inmediato de todos los animales presentes en las explotaciones en las que se detectan casos. Además, es necesario aplicar estrictas restricciones al movimiento de animales en amplias zonas alrededor de los focos declarados, restricciones que, en Castilla-La Mancha, se han prolongado durante meses, todo ello siguiendo los protocolos de la normativa comunitaria.

El coste derivado del pago de las indemnizaciones por el sacrificio de los animales a los ganaderos (4,1 millones de euros), limpieza y desinfección de explotaciones, analíticas de laboratorio y contratación de personal veterinario de refuerzo ha supuesto un desembolso de 8 millones de euros, de los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financia aproximadamente el 62 % y el resto lo aportan las comunidades autónomas.

A esta cifra se han añadido las ayudas a la reposición de ganado habilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y cofinanciadas por las comunidades autónomas, que supondrán un desembolso estimado para el Estado de 2 millones de euros adicionales, en función de las solicitudes que todavía se están recibiendo.