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Cientos de ganaderos están preparando reclamaciones millonarias contra las empresas multadas por fijar el precio de la leche de 2000 a 2013, el denominado cártel de la leche. Estas empresas fueron multadas por la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
Está desplegándose una intensa campaña desde despachos de abogados y fondos de inversión en búsqueda de afectados. Muchos ganaderos han respondido a estos despachos, especializados en demandas conjuntas por prácticas anticompetitivas.
El objetivo es reclamar compensaciones económicas por los más de 13 años en los que los precios de la leche estuvieron en en manos de un puñado de empresas.
Las multas a las industrias lácteas por fijar precios alcanzaron los 80 millones de euros.
La CNMC sancionó con el pago de una multa de 80,6 millones de euros a 8 empresas lácteas por intercambiar información para coordinar estrategias comerciales en perjuicio de los intereses de los ganaderos.
Estas prácticas se prolongaron desde el año 200 hasta el 2013, y consistían en intercambiar información sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. El objetivo era consensuar y establecer una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca.
Esta sanción abrió la puerta a la presentación de reclamaciones por parte de los ganaderos perjudicados, mayoritariamente en Galicia, Castilla y León y Cataluña. Se estima que durante estos años fueron 20.000 explotaciones las que se vieron obligadas a cerrar por los bajos precios de la leche, y estos profesionales no tienen nada que perder.
Lo que parece claro es que el baremo a utilizar va a ser, como mínimo, el de 3 céntimos por litro de leche, teniendo en cuenta que la CNMC establece que la formación de un cártel genera, como mínimo, una distorsión a la baja de un 10%.
Si se utiliza esa cifra finalmente, se trataría de una indemnización media para un ganadero con 1 millón de kg de leche entregados, de alrededor de 300.000 euros, cantidad a la que habría que añadir los intereses legales.
Fuente: eleconomista.es
