29 Abr 2022

Reclamarán 800 millones a las lácteas por pactar precios entre ellas

Cerca de siete mil ganaderos se han unido para presentar un monto de demandas, por vía mercantil, y reclamar 800 millones de euros en concepto de daños y perjuicios. Es el equivalente al 10% del volumen de las compras, realizado durante el periodo de 2000 y 2013, a lo largo del cual según la CNMC, se extendieron las prácticas desleales

En 2019 la CNMC sancionó con 80,6 millones de euros a ocho empresas, por los daños causados por presuntas prácticas ilegales al pactar entre ellas los precios de la leche, en lo que se conoce como ‘cártel de la leche’.

El Cártel de la leche intercambiaba información a nivel nacional y regional, sobre el precio de la leche, el volumen de compra y los excedentes.

Tras una investigación, que incluyó inspecciones domiciliarias en las sedes de algunas de las principales empresas del sector, y tras el ejercicio del correspondiente expediente sancionador, la CNMC consideró que la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.), Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica), han participado y son responsables de conductas anticompetitivas, que infringen la legislación de competencia.

También participaron en las conductas las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, aunque su infracción prescribió.

Las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían a los ganaderos. Acabarían por ofrecer la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos. También se intercambiaban la identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador, así como de posibles medidas para evitarlo.

Esta información permitía a las empresas ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos. Esto limitaba la competencia en el mercado de leche cruda.

Competencia: «Estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia  para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca«.

Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de la libertad de poder fijar el precio de sus productos y la empresa a la que suministraban. Esto distorsionó el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores.

El proceso legal lo lidera Eskariam, una firma sde servicios jurídicos especializada en demandas colectivas de alto valor y grandes litigios. Se ha aliado junto al despacho de abogados norteamericano Hausfeld, líder internacional en reclamaciones de daños. Además este despacho  cuenta con la colaboración de varios bufetes  locales que estaban trabajando ya en acciones similares.

Juan Álvarez, director de Operaciones de Eskarian:  «las demandas pueden ir presentándose ya, antes incluso de que haya una sentencia firme, y una vez que la normativa comunitaria permita reclamar que se ha comprobado la existencia del cartel. Todavía es pronto para saber cuántas demandas se pueden interponer, porque algunas de ellas podrían agruparse, aunque el importe ya está definido»

Todas las empresas lácteas de España se pusieron de acuerdo para mantener hundidos los precios que percibían los ganaderos. Intercambiaban información para coordinar estrategias comerciales en detrimento de los productores. «Por detrás nos dan puñaladas traperas», señalaban desde la organización agraria la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), y mientras las empresas utilizan a los ganaderos en campañas publicitarias.

La organización ha recordado que aún hoy la situación de precios hundidos de leche cruda, provoca una situación de dependencia extrema de los ganaderos a las industrias. La falta de poder negociador del primer eslabón es «una realidad dramática», que provoca un continuo cierre de granjas.  En 2021 cerraron 655 explotaciones de ganado lechero en España, es decir, dos granjas al día.

Propondrán que la multa se destine completamente a ayudar al sector ganadero. Las comunidades autónomas más afectadas son  Galicia (57%), Castilla y León (35%) y Asturias (6%).




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