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Los veterinarios españoles protestan contra la nueva normativa de medicamentos veterinarios, el Real Decreto 666/2023, generando una ola de manifestaciones en todo el país, con profesionales del sector denunciando que la normativa compromete su criterio clínico y encarece los tratamientos.
Desde la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023 el pasado 2 de enero, el sector veterinario en España ha mostrado un profundo descontento. Esta normativa, que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha sido calificada por los profesionales como «rígida e ineficaz», argumentando que limita su autonomía y aumenta los costos para los propietarios de animales.
Principales puntos de controversia
Uno de los aspectos más críticos es la obligación de los veterinarios de registrar todas las prescripciones de antibióticos en la plataforma electrónica PRESVET , gestionada por el Ministerio de Agricultura. Los profesionales señalan que este sistema presenta «continuos fallos» y añade una carga burocrática «inasumible», lo que retrasa la atención médica y complica la gestión diaria de las clínicas. Además, la normativa prohíbe la venta directa de medicamentos en las clínicas veterinarias, obligando a los propietarios a adquirirlos en farmacias, lo que puede retrasar el inicio de tratamientos urgentes.
Otro punto de fricción es el régimen sancionador asociado al incumplimiento de la normativa. Las multas por infracciones pueden alcanzar hasta 1,2 millones de euros , lo que ha generado preocupación y temor entre los profesionales del sector. Esta situación ha llevado a algunos veterinarios a expresar que están «trabajando con miedo», ya que cualquier error administrativo podría tener consecuencias económicas devastadoras.
Movilizaciones en todo el país
En respuesta a estas medidas, se han organizado diversas manifestaciones y protestas en diferentes ciudades españolas. El pasado 22 de febrero, alrededor de un millar de veterinarios de las tres provincias valencianas se congregaron en Valencia para exigir la reforma de la normativa y la reducción del IVA en los servicios veterinarios.
Durante la protesta, los profesionales portaban pancartas con mensajes como «El veterinario vela por la salud de todos. Eso no puede ser sancionado».
Estas movilizaciones no se limitan a la Comunidad Valenciana. En Barcelona, más de 2.000 veterinarios y propietarios de mascotas se manifestaron en contra de la nueva ley, argumentando que dificulta la dispensación de tratamientos y pone en riesgo la salud animal. Los manifestantes reclamaron una regulación más sensata y una rebaja del IVA del 21% aplicada a los servicios veterinarios.
Impacto en la salud animal y pública
Los veterinarios advierten que la aplicación estricta de esta normativa podría tener consecuencias negativas tanto para la salud animal como para la salud pública. La limitación en la prescripción y dispensación de medicamentos, junto con la carga burocrática añadida, puede retrasar tratamientos esenciales, aumentando el riesgo de propagación de enfermedades. Además, la prohibición de que los veterinarios dispensen directamente los medicamentos necesarios puede llevar a situaciones en las que los propietarios, ante la dificultad de acceder a los fármacos, opten por no tratar a sus animales, lo que podría derivar en problemas de salud pública.
Reacciones de las autoridades
Ante las crecientes protestas, el Ministerio de Agricultura ha defendido la implementación del Real Decreto, argumentando que su objetivo principal es garantizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios, especialmente los antibióticos, para combatir la resistencia antimicrobiana. Sin embargo, los profesionales del sector consideran que, aunque el objetivo es loable, la forma en que se ha implementado la normativa no se ajusta a la realidad de la práctica veterinaria en España.
Demandas del sector veterinario
Los veterinarios han articulado una serie de demandas dirigidas a las autoridades competentes:
Revisión y modificación de la normativa : Solicitan cambios que permitan una aplicación más flexible y adaptada a la realidad clínica, respetando el criterio profesional y garantizando la salud animal.
Moratoria en la aplicación de sanciones : Piden que, hasta que se realicen las modificaciones necesarias, se suspenda la imposición de sanciones que consideren desproporcionadas.
Reducción del IVA en servicios veterinarios : Exigen que el IVA aplicado a los servicios veterinarios se reduzca del 21% actual a un tipo impositivo más bajo, similar al de otros servicios esenciales.
Permitir la dispensación de medicamentos en clínicas : Reclaman que se autorice nuevamente a los veterinarios a dispensar directamente los medicamentos necesarios para garantizar tratamientos oportunos y efectivos.
La implementación del Real Decreto 666/2023 ha generado una profunda división entre las autoridades y el sector veterinario en España. Mientras el gobierno defiende la normativa como una medida necesaria para el uso responsable de medicamentos, los profesionales alertan sobre sus implicaciones negativas en la práctica clínica y la salud animal. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si se alcanzará un consenso que equilibra la protección de la salud pública con las necesidades y realidades del ejercicio veterinario.
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