Nuevo reglamento de transporte animal en el sector cárnico

La Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE) ha reclamado a las autoridades españolas y europeas una normativa más equilibrada sobre el bienestar animal durante el transporte, que compatibilice la protección de los animales con la viabilidad económica del sector ganadero y cárnico.

La entidad ha mostrado su preocupación por la propuesta de Reglamento actualmente en estudio en Bruselas, al considerar que carece del rigor técnico y científico necesario y que, de aprobarse en sus términos actuales, provocaría un duro golpe a la producción ganadera. Las estimaciones del sector cifran las pérdidas en un 17 % en vacuno y un 7 % en porcino, con efectos en cascada sobre toda la cadena de valor.

ANICE, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, ha participado activamente en el proceso de enmiendas en el Parlamento Europeo, al que se han presentado más de 3.000 alegaciones antes del 10 de abril, lo que pone de manifiesto la alta preocupación y el impacto potencial del texto.

Un esfuerzo conjunto para una regulación razonable

Desde principios de 2024, ANICE ha trabajado de forma coordinada con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el conjunto del sector ganadero-cárnico para definir la posición oficial de España. A través de la recién creada Mesa Sectorial de Bienestar Animal, se ha reforzado el diálogo entre todos los actores implicados, desde la producción ganadera hasta el transporte y la industria cárnica.

En el plano comunitario, ANICE ha intensificado contactos con asociaciones de otros países como FECIC (España) y ASSICA (Italia), así como con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados, con el objetivo de frenar una regulación que podría comprometer seriamente la competitividad del sector europeo.

Consecuencias económicas y operativas preocupantes

La propuesta contempla importantes restricciones en cuanto a tiempo de transporte y temperaturas máximas, lo que afectaría especialmente a países del sur de Europa como España, donde las condiciones climáticas dificultan su cumplimiento. En algunas zonas del país se superan los 30 °C durante más de 80 días al año, lo que obligaría a desplazar el transporte de animales a horarios nocturnos, con implicaciones laborales, de seguridad vial y organizativas.

El impacto económico estimado es contundente: solo en el sector porcino, se prevé un encarecimiento de hasta 1.600 millones de euros anuales, con un coste adicional de más de 7 euros por cerdo. En el caso del vacuno, los costes aumentarían en más de 220 millones al año, con una caída del 25 % en el número de sacrificios y el riesgo de desaparición de miles de explotaciones ganaderas.

En cuanto al transporte, se estima que habría que ampliar la flota de vehículos en un 68 %, con un sobrecoste de hasta 85.000 euros por camión para adaptarse a los nuevos requisitos. Además, se anticipa un incremento de las emisiones de CO₂ y una caída del 35 % en los trayectos disponibles para el sacrificio.

Efectos sobre el mercado y la inflación alimentaria

La aplicación de esta normativa conllevaría una reducción drástica en la disponibilidad de carne y derivados, lo que empujaría al alza los precios en los puntos de venta. Esto tendría un efecto directo sobre el consumo, especialmente entre las familias con menor capacidad económica, y contribuiría a agravar la inflación alimentaria, ya tensionada en toda Europa por diversos factores globales.

“Estamos ante un planteamiento regulatorio que no mejora sustancialmente el bienestar animal y que, en cambio, pone en jaque la sostenibilidad de nuestras producciones”, ha señalado Giuseppe Aloisio, director general de ANICE. “El contexto actual exige competitividad y sensatez regulatoria. La alianza entre ANICE, FECIC y ASSICA es un ejemplo de la unidad necesaria para defender los intereses del sector ante propuestas desproporcionadas”.

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