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Las vacas de las provincias con esta enfermedad han recuperado la movilidad este pasado jueves por orden del Gobierno, cuando se ha retirado la relajación de los controles
Para el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas (Vox), son «distintas interpretaciones» de la legislación las que hacen que su empeño en flexibilizar las pruebas de sanidad animal haya sido intervenida por el Gobierno y desestimada por la Justicia. «Seguimos defendiendo que la resolución es legal, puede tener distintas interpretaciones y mantendremos el contencioso-administrativo con el Ministerio de Agricultura», insistió el consejero, molesto porque el Ejecutivo retirara la movilidad de los bovinos potencialmente enfermos. «La Junta entendió la situación tremendamente grave del sector y decidimos ser un poco más flexibles a la interpretación, éramos conscientes de que podían recurrir la resolución», recalcó el alto cargo de Vox, reticente a su dimisión a pesar de la solicitud de su cese por parte de los veterinarios de Castilla y León, que han manifestado reiteradamente su oposición a estas medidas. «Estamos llevando la salud pública al extremo», ha sentenciado.
Dueñas ha criticado este miércoles pasado en rueda de prensa la actuación por parte de la Consejería de Agricultura y ha asegurado que «no había ningún riesgo» con la resolución autonómica, que por su categoría no fue revisada por los servicios jurídicos de la Junta. El presidente de los sindicatos veterinarios de la comunidad, Manuel Martínez, ha afirmado que la nueva normativa perjudicaba «la salud pública» y ha causado daños por valor de 4,8 millones de euros al gremio. «Si la Junta hubiera seguido los consejos de los veterinarios y de la ciencia, no habríamos llegado a este punto», ha explicado.
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado el auto judicial del pasado lunes por el que se suspende cautelarmente la normativa autonómica que flexibilizaba los controles de la tuberculosis bovina. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) validaba una solicitud del Ministerio de Agricultura para que paralizara la propia iniciativa de la Junta de relajar la vigilancia de esta enfermedad contagiosa para las personas. La orden del Gobierno para frenar la posible proliferación de la bacteria ha supuesto varios días de inmovilidad para el ganado en las provincias con casos de tuberculosis bovina para evitar que esta política más laxa favorezca la proliferación de positivos.
Esta orden ha sido retirada una vez que el Bocyl ha hecho constar la oficialidad de la resolución judicial y la no aplicación de la norma autonómica, en vigor desde el 15 de mayo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el jueves la orden para dejar sin efecto la anterior directriz ministerial tras la publicación en el Bocyl de la suspensión de la polémica resolución y restablecer la legalidad.
La polémica ha indignado a los veterinarios. «Hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante», han asegurado los especialistas en sanidad animal, ya que la norma superior está marcada por la Comisión Europea, que pretende erradicar la tuberculosis bovina mientras que Vox prometió «controlar» y no eliminar la enfermedad.
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