Demanda a las industrias lácteas por pacto de precios

El Sindicato Labrego Galego organiza dos nuevos encuentros centrados en la demanda judicial contra el cártel de la leche y las industrias lácteas.

Estos encuentros darán continuidad a las asambleas llevadas a cabo por el Sindicato Labrego Galego entre noviembre y diciembre del año pasado.

Las finalidad de las asambleas era informar al sector lácteo de la posibilidad de recurrir a la vía judicial para reclamar el dinero perdido por el pacto de precios entre industrias por el que fueron condenadas y sancionadas las siguientes empresas:

• Capsa Foods (Central Lechera Asturiana, Larsa, ATO…)
• Danone.
• Lactalis.
• Industrias Lácteas de Granada.
• Pascual.
• Nestlé.
• Schreiber Foods.
• Asociación de Empresas Lácteas de Galicia.
• Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y Central Lechera de Galicia.

Los encuentros de esta semana se centrarán en ahondar en la demanda judicial de ganaderos que, tras informarse el año pasado, están en disposición de avanzar en este proceso.

El cártel ya fue sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia por sus prácticas con una multa de 80,6 millones de €. Ahora se abre la posibilidad de que las partes afectadas puedan demandar a las industrias multadas.

Todas las reclamaciones de las pérdidas de las granjas se realizarán acumuladas en una misma demanda, agrupando al mayor número posible de las mismas. Las prácticas por las que el cártel fue condenado se iniciaron en el año 2001, cuando aún había en activo 53.355 granjas en toda España, de las cuales 28.231 se encontraban en Galicia.

Desde el Sindicato Labrego Galego comentan: «Dado que ese pacto de precios fraudulento se acabó extendiendo a la totalidad del sector, que fijó unos precios artificialmente bajos más allá de las empresas multadas; y sabiendo que todas las granjas afectadas pueden iniciar una demanda judicial aunque ya habían cesado su actividad; podemos considerar que son docenas de miles de ganaderos y ganaderas quien pueden denunciar. Sin embargo, los abogados de Redi estiman que su bufete podría llevar, finalmente, la demanda judicial de unas 2.000 granjas en el Estado, sin contar las que se podan unir en Galicia».