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La PAC 2025 arranca con impulso y alerta por el futuro del presupuesto: más del 80 % de los ganaderos opta por los ecorregímenes, pero crece la preocupación por los recortes
La campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2025 comienza con buenas noticias para agricultores y ganaderos españoles, aunque también con sombras en el horizonte presupuestario. Más de 582.000 solicitantes han formalizado la “solicitud única” para las ayudas, declarando una superficie agrícola de unos 22,1 millones de hectáreas.
Uno de los rasgos más destacados del actual plan estratégico PAC (2023-2027) es la gran aceptación de los ecorregímenes: el 81 % de los solicitantes de la ayuda básica a la renta se acogió a alguno de estos regímenes voluntarios orientados al medio ambiente, que ya cubren el 88 % de la superficie declarada. Esto refleja el esfuerzo de los productores por adaptarse a las nuevas exigencias climáticas y de sostenibilidad.
En cuanto al desembolso, el importe total de las ayudas directas asciende a 4.889 millones de euros, y los anticipos comenzarán a pagarse a partir del 16 de octubre. Comunidades como Castilla-La Mancha han confirmado un adelanto del 70 %, lo que supondrá un alivio financiero importante para miles de explotaciones.
El desafío de los recortes: un futuro incierto para el campo europeo
Pese a estos datos positivos, el debate sobre el futuro de la PAC es cada vez más intenso. La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una propuesta para el marco financiero 2028-2034 que contempla recortes de entre el 15 % y el 22 % en los fondos destinados a la agricultura y la ganadería. Este ajuste, de confirmarse, tendría un impacto directo sobre la rentabilidad de explotaciones familiares, la incorporación de jóvenes y la competitividad del campo europeo.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ya ha advertido de que un recorte de este calibre podría “poner en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y desincentivar la transición hacia modelos más sostenibles”. A su vez, comunidades autónomas y organizaciones profesionales agrarias han cerrado filas con el Gobierno para reclamar en Bruselas una PAC fuerte, estable y con recursos suficientes.
La Comisión Europea ha planteado que, en el marco financiero 2028-2034, el presupuesto de la Política Agraria Común podría reducirse entre un 15 % y un 22 % respecto a los niveles actuales.
En cifras, esto significaría que España podría perder miles de millones de euros en ayudas directas y en programas de desarrollo rural. Si en 2025 el importe total de las ayudas directas asciende a 4.889 millones de euros, un recorte del 20 % supondría cerca de 1.000 millones menos al año para agricultores y ganaderos españoles.
Explotaciones familiares en riesgo
La PAC supone hasta el 30 % o 40 % de la renta de muchas explotaciones.
Un recorte fuerte podría obligar al cierre a pequeñas y medianas granjas que ya trabajan con márgenes mínimos.
Menos competitividad frente a terceros países
Si Europa reduce el apoyo a su campo, mientras países como EE. UU. o Brasil mantienen subsidios potentes, los productores europeos quedarían en desventaja en precios y exportaciones.
Relevo generacional más difícil
Uno de los objetivos de la PAC es apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos con fondos específicos.
Con menos presupuesto, estos apoyos se verían limitados, frenando la entrada de nuevos profesionales en un sector envejecido.
Incertidumbre en la sostenibilidad
Los ecorregímenes y las prácticas climáticamente responsables requieren inversión.
Si los fondos bajan, será más difícil para los agricultores asumir estos costes adicionales, lo que puede frenar la transición ecológica.
Mayor despoblación rural
Menos ayudas significan menos rentabilidad en el medio rural.
Esto podría acelerar la salida de jóvenes y familias hacia las ciudades, agravando el problema de la España vaciada.
Organizaciones agrarias (ASAJA, COAG, UPA) han advertido que un recorte del 20 % sería “devastador” para el campo europeo y que podría provocar “una ola de abandono” de explotaciones.
El Gobierno español y las comunidades autónomas piden una posición unitaria para negociar en Bruselas, con el argumento de que la PAC no solo financia al sector, sino que garantiza la seguridad alimentaria de Europa.
La Comisión Europea justifica su propuesta en la necesidad de reasignar fondos hacia otras prioridades (defensa, digitalización, transición verde), pero reconoce que la agricultura seguirá siendo un pilar estratégico.
España y otros países mediterráneos presionarán para frenar los recortes o al menos suavizarlos.
Es probable que se plantee un nuevo sistema de reparto, que dé más protagonismo a los ecorregímenes y a la innovación tecnológica.
El debate se alargará durante los próximos dos años, pero todo apunta a que la PAC del futuro será más ambiental, más digital, y con menos fondos, lo que obligará a los agricultores a reinventarse.
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