Unión de Uniones exige al Ministerio de Agricultura que cumpla con la ley y publique ya los criterios sobre la determinación del coste de producción
- La publicación oficial de la determinación de los costes de producción puede contribuir a que los agricultores y ganaderos tengan una referencia más clara a partir de la cual negociar sus precios.
- Este nuevo incumplimiento de una obligación legal por parte del Gobierno se une a otros que la organización ya ha denunciado.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que publique los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, acorde con lo que indica la Ley de la Cadena Alimentaria.
Para la organización, con esta publicación se cumpliría con lo dispuesto en una de las piezas clave de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En su Disposición adicional tercera, sobre los criterios sobre la determinación del coste de producción, “se establece que el MAPA, en el plazo de seis meses desde la completa entrada en vigor de la ley, debe publicar los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, a los que hace referencia el artículo 9 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria”.
La completa entrada en vigor de la ley, según indica Unión de Uniones, se produjo el pasado 30 de junio con la plena operatividad de la aplicación electrónica «Registro de Contratos Alimentarios», por lo que el plazo de seis meses para publicar los criterios sobre la determinación del coste de producción por parte del MAPA ya ha vencido.
A este respecto, Unión de Uniones recalca la importancia que puede tener la publicación de estos criterios, ya que servirían de referencia para la determinación de los costes de producción y por lo tanto, influir en el precio de los contratos alimentarios, atendiendo al artículo 9 de la Ley 12/2013.
“La publicación oficial de la determinación de los costes de producción puede contribuir a que los agricultores y ganaderos tengan una referencia más clara a partir de la cual negociar sus precios”, afirma la organización.
Unión de Uniones ha dirigido un escrito al Ministerio de Agricultura exigiendo la publicación inmediata, en cumplimiento con lo dispuesto en la ley 16/2021, de esta herramienta de definición de los criterios sobre los factores que intervienen en la determinación del coste de producción de los productos agrarios.
“Instamos en su día al Ministerio de Agricultura a que acelerara los trabajos y no esperase a estar obligado por ley a publicar estos criterios, pero ahora lo que reclamamos es que simplemente cumpla con la ley y publique unos criterios de determinación de costes de producción que deberían estar ya en manos de los agricultores y ganaderos para negociar el precio por el que perciben sus productos”, indica la organización.
Si bien la reforma de la Ley de la Cadena dejó pasar herramientas importantes para el reequilibrio del sector agroalimentario, como es la definición de posición de dominio y la prohibición de reventa a pérdidas, que solventasen las principales deficiencias de la cadena, sí cuenta con otras que, correctamente aplicadas, pueden mejorar la posición del eslabón más débil del sector, como es la de los criterios para determinar los costes de producción.
Unión de Uniones recuerda que este nuevo incumplimiento de una obligación legal por parte del Gobierno se une a otros que ya ha denunciado. El Gobierno sigue sin cumplir con el desarrollo del contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío; la zonificación de tierras agrarias de interés especial para protegerlos de la presión de las macroplantas energéticas, la compensación a por el sobrecoste para sus explotaciones del cuaderno digital y las nuevas exigencias de la PAC, la elaboración de un proyecto de ley de gestión de la fauna salvaje para prevenir y combatir los daños ocasionados a las granjas ganaderas.
“Ahora tampoco cumple con lo previsto en la Ley de la Cadena Alimentaria, se trata de un gobierno incumplidor que, sin embargo, atornilla hasta la última coma de las normas a los agricultores y ganaderos”, concluyen.