Bruselas activa el acuerdo Mercosur pese al rechazo del campo español

Ganaderos alertan de competencia desleal y pérdida de rentabilidad en un tratado que consideran perjudicial para la producción nacional

La Comisión Europea ha iniciado la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, una decisión anunciada por la presidenta comunitaria, Ursula von der Leyen, que ha desatado una fuerte preocupación en el campo español, especialmente entre las organizaciones ganaderas.

El tratado, negociado durante más de veinte años, permitirá avanzar en la eliminación progresiva de aranceles entre ambos bloques. Sin embargo, el sector ganadero español considera que la medida abre la puerta a importaciones de carne producida bajo estándares sanitarios, medioambientales y laborales menos exigentes que los europeos, lo que podría generar una competencia desleal difícil de asumir para miles de explotaciones familiares.

Un acuerdo estratégico para Bruselas, un riesgo para el campo

Desde Bruselas se defiende el pacto como un movimiento estratégico para reforzar la posición comercial europea en un contexto internacional complejo. La aplicación provisional permite activar el pilar comercial sin esperar a la ratificación completa por todos los Estados miembros, aunque la entrada en vigor definitiva dependerá aún del visto bueno del Parlamento Europeo y de los procesos nacionales.

No obstante, distintos gobiernos han mostrado reservas. El presidente francés, Emmanuel Macron, ya expresó públicamente su malestar por el avance del acuerdo, advirtiendo del impacto que puede tener en los productores europeos.

El campo español, en pie de alerta

En España, asociaciones agrarias y cooperativas advierten de que la entrada de contingentes de carne vacuna y aviar procedentes de países como Brasil o Argentina puede presionar aún más los precios en origen, en un momento en que el sector ya afronta altos costes energéticos, exigencias medioambientales y una creciente burocracia.

Organizaciones del ámbito rural subrayan que mientras a los ganaderos españoles se les exige cumplir estrictas normativas de bienestar animal y sostenibilidad, el acuerdo no garantiza una reciprocidad plena en los estándares de producción. Temen que esta asimetría termine por debilitar la soberanía alimentaria y provocar el cierre de explotaciones.

Desde el ámbito político, partidos como Vox han criticado duramente el tratado, al considerar que “sacrifica” al campo español en favor de intereses industriales y geopolíticos.

Impacto económico y dudas estructurales

Los defensores del acuerdo destacan que sectores exportadores españoles —como el aceite de oliva o el vino— podrían beneficiarse de la reducción de aranceles. Sin embargo, la ganadería se perfila como uno de los sectores más vulnerables, dado el diferencial de costes productivos con Sudamérica.

Economistas agrarios señalan que, aunque el volumen de importaciones esté sujeto a cuotas, la mera expectativa de entrada de carne a menor precio puede tensionar el mercado interno, reduciendo márgenes y dificultando la viabilidad de pequeñas y medianas explotaciones.

El debate, lejos de cerrarse, se intensificará en los próximos meses conforme avance la tramitación parlamentaria. Mientras tanto, el campo español insiste en que sin cláusulas espejo estrictas y mecanismos de salvaguarda efectivos, el acuerdo puede convertirse en un punto de inflexión negativo para la ganadería nacional.