España solicita a la Comisión Europea medidas para asegurar el abastecimiento de fertilizantes a precios razonables

El ministro Luis Planas considera que la Comisión debe habilitar herramientas en el ámbito comunitario para mitigar los elevados costes a los que se enfrentan los productores que, junto con las inclemencias climáticas y el precio de la energía, han originado la subida de los precios alimentarios

España cumple con el calendario previsto y la nueva PAC entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y garantizará a los agricultores y ganaderos el cobro de más de 7.400 millones de euros anuales, importante red de seguridad en un momento complejo como el actual

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha solicitado a la Comisión Europea que habilite medidas de financiación alternativas, más allá de las ayudas de Estado o el uso de la reserva de crisis, para asegurar a los agricultores el abastecimiento necesario de fertilizantes a precios razonables, sobre todo, de cara a las siembras de la próxima primavera.

El Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE), que comenzó el pasado domingo, en Bruselas centrado en los asuntos pesqueros, continuó el lunes con temas agrarios.

Planas ha recordado que los precios de los fertilizantes se han duplicado e incluso triplicado, en otra consecuencia económica negativa más provocada por la invasión rusa de Ucrania. “El alto coste ha provocado en España un menor uso de estos abonos, un 30 % menos, en la sementera de este otoño frente a la anterior”, ha asegurado, y es un problema compartido por otros Estados miembros. Ha advertido de que la aplicación de nutrientes por debajo de las necesidades del cultivo incide en una menor productividad y, por tanto, en una reducción de las cosechas. Por ello ha considerado necesario buscar una solución conjunta en el ámbito europeo.

La guerra en Ucrania sigue afectando a los mercados, y aunque la continuidad del “Acuerdo de granos del Mar Negro” tiene efectos positivos -España es uno de los principales destinatarios de estas exportaciones por vía marítima-, persisten tensionados por el conflicto bélico. Ha insistido a la Comisión en la conveniencia de poner sobre la mesa herramientas para aliviar los elevados costes a los que se enfrentan los agricultores y ganaderos que, junto con las inclemencias climáticas y el precio de la energía, son el origen del incremento de los precios de los alimentos en el ámbito comunitario.

El ministro ha mostrado su apoyo a la Comisión para que presente una propuesta para movilizar la reserva de crisis (450 millones de euros para 2023) y “ayudar a los agricultores en esta difícil situación de incremento de costes”. Ha señalado que, “aunque debe ser un instrumento de último recurso, ante situaciones como la presente, es necesario hacer uso de todas las herramientas disponibles”.

El estado de situación y retos de los planes estratégicos de la PAC ha sido otro de los puntos abordados. El ministro ha destacado que España cumplirá el calendario previsto y está en disposición de aplicar, el 1 de enero de 2023, la nueva PAC. Ha apuntado que este jueves, día 15, se llevará a cabo la lectura final y aprobación de la ley de la PAC en el Congreso de los Diputados y que en las próximas semanas se publicarán los 10 decretos pendientes de los 18 que complementan el cuerpo normativo. Ha destacado que la entrada en vigor el próximo mes de la nueva PAC es un éxito colectivo, tanto del conjunto de la Unión por la aprobación de los tres reglamentos en junio de 2021 bajo presidencia portuguesa, como en el ámbito interno en el caso particular de un Estado descentralizado como España, donde la elaboración del plan estratégico nacional ha supuesto un gran reto técnico y político.

El ministro ha asegurado que una de las lecciones que se extrae de este proceso es que “hace falta redoblar los esfuerzos en información y asesoramiento a agricultores y ganaderos, porque se trata de una PAC muy novedosa por los planes estratégicos y la orientación ambiental, y especialmente por la figura de los ecoesquemas”. Ha afirmado que el Gobierno español seguirá insistiendo en esta tarea en colaboración con las comunidades autónomas y las organizaciones del sector, y ha propuesto que la Comisión elabore al final del primer año de aplicación un balance para evaluar y mejorar lo que se considere necesario.

El ministro ha expresado el apoyo a la revisión de la normativa comunitaria sobre bienestar animal, ámbito en el que ha señalado que España desempeña un papel muy proactivo. De hecho, ha recordado que recientemente se ha publicado un real decreto que revisa el marco regulatorio del transporte de animales vivos y que el ministerio tramita una nueva normativa sobre los controles que deben realizar las autoridades competentes “para asegurarnos que se cumplen las condiciones de bienestar animal”.

También ha hecho referencia a que “es necesario que los productos importados de terceros países tengan exactamente las mismas condiciones de producción que los nuestros, porque si no podríamos producir un efecto de deslocalización”.

En el transcurso del consejo, se ha presentado el informe sobre el reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios, propuesta legislativa que se prevé concluya durante la presidencia española, en la segunda mitad de 2023. Una mayoría de Estados miembros, entre ellos España, han solicitado la ampliación del informe de impacto, sobre todo en el contexto actual.