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El ministerio exige la anulación de la resolución que establece los aspectos nacionales de las enfermedades de los rumiantes
La UE pide a Castilla y León que retire la normativa más permisiva sobre tuberculosis bovina por ser contraria a la legislación comunitaria. El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (Sivecal-Ucal) informó ayer de que la Comisión Europea ha instado a la Comunidad a evitar «movimientos de animales que no están permitidos en la legislación comunitaria», en relación a la resolución que desarrolla determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de rumiantes en la comunidad de Castilla y León.
La Consejería de Agricultura ya ha solicitado administrativamente la retirada de esta resolución y ha recurrido judicialmente su aplicación, según indica en un comunicado; y espera que no se aplique para «evitar eficazmente la transmisión y propagación al resto del territorio nacional», y advierte incluso con la posible actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sivecal hace pública la carta remitida por el director de Crisis Preparedness in Food, Animals and Plants (SANTE.G) de la Comisión Europea, Bernard Van Goethem, en referencia a la resolución de 10 de mayo de 2023, de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, por la que se desarrollan determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en la comunidad de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 15 de mayo.
Van Goethem reclama al director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valentín Almansa, que «adopte sin demora las medidas oportunas para proteger la salud pública y la sanidad animal en la UE». En un preámbulo, en el que comunica que tiene constancia de la publicación de la resolución regional en Castilla y León, comunica que sus servicios han realizado un estudio preliminar y están «profundamente preocupados por el posible efecto de esta normativa en caso de aplicarse». Asimismo, agrega que la resolución publicada «no es compatible con una serie de disposiciones de la UE sobre la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis (MTBC)», puesto que «estas normas regionales autorizan movimientos de animales que no están permitidos por la legislación de la UE». En concreto, prosigue el comunicado del Sivecal, la resolución regional «deroga determinadas pruebas obligatorias previas al movimiento y/o permite movimientos desde explotaciones bovinas en las que se suspende o retira el estatus sanitario de infección por CMTB debido a resultados positivos o dudosos de las pruebas o incluso eventualmente cuando se confirman focos.»
La Comisión Europea advierte de que «este tipo de movimientos es extremadamente peligroso, ya que podría facilitar una mayor propagación de la enfermedad.» Sivecal-Uscal recuerda que ya había advertido en un comunicado anterior que esta resolución regional «parece prever un mecanismo laxo y no conforme para restablecer el estatus de libre de infección por CMTB a establecimientos y regiones bovinas sin aplicar el régimen de pruebas prescrito en la legislación de la UE.»
En este sentido, el responsable de la Comisión Europea aclara que «los incumplimientos» de las normas comunitarias pertinentes para la concesión, mantenimiento o restitución del estatuto de libre de infección por CMTB «pueden dar lugar a un riesgo de propagación de la infección a otras regiones de España y a otro Estado miembro de la UE, lo que pondría en peligro su estatuto de libre.» Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reaccionó al recibir la carta de la Comisión y ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) contra la resolución de la Junta.
En el citado recurso se esgrimen los mismos argumentos que en el informe elaborado por los nueve jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal de Castilla y León. Asimismo, la Consejería requirió administrativamente la retirada de la resolución y confió en que «no se ponga en práctica, porque de lo contrario, y ante la gravedad de la situación», y advirtió de que el mecanismo preventivo recogido en la Ley de Sanidad Animal, que permite a la Administración General del Estado, excepcionalmente y en caso de grave peligro de extensión en el territorio nacional de epizootias o zoonosis, la «adopción de medidas urgentes», debería ponerse en práctica.
Por último, el Sindicato de Veterinarios de Castilla y León mostró su apoyo a los nueve jefes de Sección de Sanidad y Producción Animal, que se «limitan» a aplicar el reglamento y aluden a las «contradicciones» de la resolución con respecto a la normativa sanitaria nacional y comunitaria.
Fuente:
Diario de León
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