Manifestación de ganaderos frente a la Junta de Castilla y León en Salamanca

Este intento de los asaltantes se produjo al mismo tiempo que los representantes de las opas negociaban dentro de la Delegación Territorial vía telefónica con el consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas, sobre la aplicación de la normativa de saneamiento animal y la contradicción existente entre la orden de la Junta de Castilla y León que flexibiliza las medidas de control respecto a la normativa estatal.

Cientos de campesinos se reunieron en esta manifestación que comenzó con cencerros, silbidos y gritos de dimisión, y terminó con el lanzamiento de huevos, pintura, bengalas y petardos contra los muros del edificio de la administración regional.

Después de cuatro horas de negociación y, sin conseguir el objetivo de destituir a los responsables de la sección de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Salamanca, que se niegan a aplicar la orden regional porque contradice la normativa estatal y europea, los manifestantes se han disuelto con una hoja de ruta clara: suspender, a partir del 12 de junio, el saneamiento del rebaño. «Ha sido un ataque en toda regla al ganadero, buscamos una solución al problema porque una explotación que está en positivo está abocada a la ruina», explicó uno de los portavoces de la plataforma, Ramón Guarido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha acordado suspender cautelarmente la resolución que data del 10 de mayo de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, que desarrollaba determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes, flexibilizando el movimiento de ganado.

Esta resolución responde al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contra la resolución de 10 de mayo de la Junta, porque, según el Gobierno, contravenía determinados aspectos de la legislación nacional y europea en relación con el movimiento de ganado y ordena su publicación «a la mayor brevedad posible». Esta respuesta del TSJCyL tiene un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición.

La Abogacía del Estado basó su petición de suspensión cautelar en la «ilegalidad manifiesta de la resolución» por incurrir en «infracción tanto de la normativa europea como de la normativa básica del Estado español». Además, señalaba que, «de no haberse adoptado la medida cautelar, se habría producido un daño irreparable a la cabaña ganadera española y europea», debido al «potencial incremento del riesgo de contagio de la tuberculosis bovina».

Se ha hecho esperar unas horas pero la Consejería de Agricultura y Ganadería, dirigida por el consejero de Vox Gerardo Dueñas, ha emitido un comunicado en el que asegura que hoy martes, 5 de junio, mantendrá una reunión con los distintos representantes de los colectivos ganaderos, con el objetivo de «seguir avanzando en la búsqueda de soluciones» a la «grave situación» que superan fruto de la «política de saneamiento ganadero nacional y europea».

Sin embargo, han mostrado su rechazo a los incidentes ocurridos el lunes en la Delegación Territorial de la Junta en Salamanca y han aclarado, no obstante, que los ganaderos encontrarán su «mejor defensa» en los titulares de la Consejería.

Para concluir, han afirmado que protegerán los intereses del sector «donde haga falta», aunque respetando la legalidad y las instituciones.