Nueva Zelanda quiere imponer una tasa a la flatulencia de las vacas

Esta estrategia incluye gravar tanto el metano eructado por las vacas como el óxido nitroso emitido por el ganado, informa The Guardian.

Según el plan propuesto por el gobierno, los agricultores que alcancen el umbral de tamaño de rebaño y uso de fertilizantes empezarían a pagar por las emisiones en 2025. No obstante, se desconoce la cifra exacta que deberán pagar los ganaderos neozelandeses. Eso sí, la tasa se fijará cada uno o tres años y siempre con el asesoramiento de la Comisión del Cambio Climático y los agricultores.

Esta polémica medida, según la primera ministra Jacinda Ardern, dará una ventaja competitiva a nivel mundial al sector agrícola neozelandés: «Reducir las emisiones ayudará a los agricultores neozelandeses a ser no sólo los mejores del mundo, sino los mejores para el mundo».

Y, además, ayudará al país a cumplir su su objetivo de reducción de metano del 10% para 2030 y hasta en un 47% para 2050. En este sentido, el dinero recaudado con la tasa agrícola se volverá a inyectar en el sector para financiar nuevas tecnologías, investigación y pagos de incentivos a los agricultores.

Damien O’Connor, ministro de Agricultura, ha comentado que más que un impuesto, es una oportunidad para los granjeros: «Los agricultores ya están experimentando el impacto del cambio climático con sequías e inundaciones más regulares […] Tomar la delantera en las emisiones agrícolas es bueno tanto para el medio ambiente como para nuestra economía».

Este plan para luchar contra el cambio climático, basado en el que propuso en mayo la asociación He Waka Eke Noa – formada por agricultores, organismos industriales y maoríes con el apoyo de los Ministerios de Industrias Primarias y de Medio Ambiente -, afecta directamente a la mayor fuente de ingresos por exportación del país. Pero este pilar fundamental en la economía de Nueva Zelanda choca frontalmente con las intenciones del gobierno de dañar el medio ambiente lo menos posible.
Nueva Zelanda es un país donde únicamente viven 5 millones de personas por los 10 millones de cabezas de ganado vacuno y lechero y 26 millones de ovejas. Esta distribución de la población provoca que cerca de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de Nueva Zelanda procedan de las granjas. Algo muy inusual. Por lo que el gobierno considera que se deben tomar medidas.

Así que los agricultores no han tardado en condenar el plan. Federated Farmers, el principal grupo de presión del sector, ha asegurado que el plan «arrancaría las tripas de los pequeños pueblos de Nueva Zelanda» y que las granjas serían sustituidas por árboles.
Andrew Hoggard, presidente de la federación, se ha mostrado muy insatisfecho por esta medida y ha recriminado a las autoridades que no se haya llegado a una solución mejor tras más de dos años trabajando mano a mano con el gobierno en un plan de reducción de emisiones que no tuviera un impacto negativo la producción de alimentos.
En este sentido, Hoggard ha hecho una predicción bastante negra: «Los agricultores venderán las granjas tan rápido que ni siquiera se oirán los ladridos de los perros en la parte trasera de la camioneta mientras se marchan».

El gobierno de Nueva Zelanda ha afirmado que esta tasa agrícola, que será pionera en todo el mundo, no debería de tener un efecto negativo en el bolsillo de los granjeros siempre y cuando suban el precio de los productos que sí son respetuosos con el clima.

Ahora se deberá llegar a un acuerdo sobre esta propuesta, que debería llegar principios de 2023. Los agricultores tienen mucha influencia en Nueva Zelanda, por lo que no será fácil conseguir una entente entre ambas partes. De no ser así, el Partido Laborista de Ardern, que ha perdido popularidad según las últimas encuestas, quedaría muy tocado y perdería fuelle en la carrera por la reelección.

Esta no es la primera vez que Nueva Zelanda intenta gravar emisiones de metano de los animales de granja. En 2003 ya se intentó, pero sin éxito. En aquel momento, los granjeros también se enfrentaron y ganaron al gobierno, que también vio como la oposición ridiculizaba la medida al ser conocido como el ‘impuesto a los pedos’.