La paralización del tratado Mercosur: un respiro para los ganaderos

El campo celebra la decisión del Parlamento Europeo de frenar la ratificación al considerar una defensa del sector primario

• Las organizaciones del campo celebran la decisión del Parlamento Europeo de frenar la ratificación al considerarla una defensa del sector primario frente a competencia desleal

La reciente decisión del Parlamento Europeo de enviar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sido recibida con notable alivio por amplios sectores del campo europeo, especialmente por agricultores y ganaderos que llevan meses movilizándose contra el tratado por considerarlo una amenaza a su supervivencia económica y social. La votación, extremadamente ajustada —334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, posibilita que la ratificación del acuerdo quede paralizada durante al menos un año o más mientras el tribunal evalúa su compatibilidad con el derecho comunitario.

Para el sector agrario europeo, esta decisión no es simplemente un trámite jurídico: representa una victoria significativa después de semanas de protestas, tractoradas, concentraciones y cortes de carreteras en toda Europa, incluyendo España, Francia o Bélgica. Muchas organizaciones agrarias han expresado que la paralización es una reacción necesaria ante un tratado que consideran perjudicial para las explotaciones familiares y las economías rurales.

Cómo ha influido la presión del campo

Las protestas de agricultores y ganaderos han sido constantes desde finales de 2025. Las principales críticas al acuerdo se centran en su potencial para ampliar la entrada de productos agrícolas y ganaderos más baratos —como carne de vacuno o aves— procedentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, cuyos costes de producción son mucho menores que los europeos y están sujetas a normas ambientales y sanitarias menos exigentes. Según los sindicatos agrícolas, esto podría provocar una fuerte presión a la baja en los precios internos y poner en riesgo la rentabilidad de miles de pequeñas explotaciones.

En España, organizaciones como Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticaron duramente el texto del acuerdo por no incluir suficientes cláusulas espejo o mecanismos de protección que equilibren condiciones productivas entre ambos lados del Atlántico, dejando al campo europeo en una posición vulnerable frente a la competencia externa.

Tras la votación parlamentaria, asociaciones agrarias valoraron la decisión como una “pequeña victoria” que valida gran parte de sus reclamaciones. Representantes de COAG y otros sindicatos señalaron que la “presión en la calle y en los despachos” ha contribuido a convencer a un número suficiente de eurodiputados para considerar que el acuerdo puede ser dañino o incompatible con el marco legal europeo.

Los argumentos centrales de los detractores

Los opositores al acuerdo sostienen que:

• Creará competencia desleal: Permitiría la entrada de productos agrícolas más baratos y con menos exigencias medioambientales o sanitarias que los europeos, dañando la producción local.

• Falta de reciprocidad: No se garantizan condiciones equitativas de producción y protección social entre productores europeos y sudamericanos.

• Vulnerabilidad del sector familiar: Las explotaciones de menor tamaño, ya presionadas por costes crecientes y cambio demográfico, podrían verse obligadas a cerrar si no compiten en igualdad de condiciones.

• Presión ambiental y de estándares: Existe preocupación de que las importaciones entren con normas más laxas en cuanto a uso de pesticidas, bienestar animal o sostenibilidad del suelo.

Estas preocupaciones no sólo provienen de España: ganaderos y agricultores en regiones como Galicia han salido a las calles con sus tractores durante días, y la noticia de la paralización fue recibida con “satisfacción” por manifestantes que la perciben como una victoria colectiva del campo europeo.

¿Qué sigue?

Aunque la ratificación está en pausa, el proceso judicial ante el TJUE podría durar más de un año, lo que prorrogará la incertidumbre sobre el futuro del tratado. Mientras tanto, la Comisión Europea podría decidir aplicar el acuerdo de forma provisional, pero esto también es motivo de debate político y social.

Además, la paralización ha reactivado el debate político dentro de la UE: varios gobiernos regionales, como el de Murcia, han expresado que no respaldarán el tratado salvo que se refuercen las garantías sanitarias y controles fronterizos para proteger la producción local.

Balance del sector

Las organizaciones agrarias que participaron activamente en las protestas ven en esta paralización una oportunidad para seguir negociando mejores condiciones o incluso impedir la aprobación del tratado si no se introducen salvaguardias que consideren suficientes. Para ellos, el movimiento de presión social ha demostrado que la movilización puede influir en las decisiones comunitarias, y que la defensa del campo no es sólo una cuestión económica, sino también de soberanía alimentaria y justicia social.