Las alertas sanitarias reavivan el rechazo del campo al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por 32 notificaciones del sistema RASFF
- 32 notificaciones del sistema RASFF en abril y un lote de pollo brasileño con salmonela detectado en Grecia, intensifican la preocupación por los estándares sanitarios y productivos de Mercosur
La entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque Mercosur ha reavivado la preocupación del sector agrario europeo tras conocerse varias alertas sanitarias relacionadas con alimentos procedentes de Brasil y Argentina.
Organizaciones agrarias y representantes del sector ganadero advierten de que la apertura comercial podría incrementar la entrada de productos elaborados bajo normas productivas y sanitarias distintas a las exigidas en Europa.
La alarma más reciente se produjo en Grecia, donde las autoridades detectaron salmonela en aproximadamente el 80 % de las muestras analizadas de un lote de cinco toneladas de pollo congelado procedente de Brasil. El hallazgo se produjo pocos días después de la aplicación provisional del acuerdo y ha sido interpretado por numerosas organizaciones agrarias como un ejemplo de los riesgos asociados a la importación de alimentos de terceros países.
A este episodio se suma la información del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Comisión Europea (RASFF), que registró en abril un total de 32 alertas sanitarias en productos alimentarios originarios de Brasil y Argentina, justo un mes antes de la entrada en vigor del pacto comercial. Las incidencias incluyeron la detección de salmonela, residuos de pesticidas y otras no conformidades consideradas de riesgo para la seguridad alimentaria.
Diferencias en los estándares de producción
Uno de los principales argumentos del sector agroganadero europeo es la existencia de diferencias significativas en los sistemas de producción. En la Unión Europea, los ganaderos deben cumplir estrictas normas en materia de bienestar animal, trazabilidad, uso de medicamentos veterinarios, protección medioambiental y seguridad alimentaria. Estos requisitos elevan los costes de producción, pero también garantizan elevados estándares de calidad y control.
En contraste, productores de los países del Mercosur operan con costes considerablemente más bajos, favorecidos por una mayor disponibilidad de tierra, sistemas extensivos a gran escala y normativas menos restrictivas en algunos ámbitos, como el uso de fitosanitarios o determinadas sustancias prohibidas en la UE. Esta situación, según denuncian las organizaciones agrarias, genera una competencia desleal para los productores europeos.
Preocupación en el sector ganadero
El sector cárnico y lácteo europeo teme que el aumento de las importaciones presione aún más los precios en origen en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de producción y por las exigencias regulatorias comunitarias.
En España, organizaciones como ASAJA, COAG y UPA han reiterado su rechazo al acuerdo, al considerar que puede comprometer la rentabilidad de miles de explotaciones y poner en riesgo la soberanía alimentaria europea.
Bruselas defiende el acuerdo
La Comisión Europea sostiene que el tratado con Mercosur permitirá ampliar el acceso de las empresas europeas a un mercado de más de 260 millones de consumidores y reforzará las relaciones comerciales con Sudamérica. Además, Bruselas asegura que todos los alimentos importados deberán cumplir la legislación europea y estarán sometidos a los controles sanitarios correspondientes.
No obstante, el reciente caso del pollo brasileño y las alertas registradas en el RASFF han reforzado las demandas del sector para que se apliquen cláusulas espejo que obliguen a los productos importados a cumplir exactamente las mismas exigencias que se imponen a los productores comunitarios.
La controversia en torno al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur continúa creciendo. Para el sector agroganadero europeo, las recientes incidencias sanitarias evidencian la necesidad de extremar la vigilancia y garantizar que la apertura comercial no comprometa ni la seguridad alimentaria ni la viabilidad económica de las explotaciones.
Mientras Bruselas insiste en los beneficios estratégicos del tratado, agricultores y ganaderos reclaman que la competitividad del campo europeo no se vea sacrificada en favor de importaciones más baratas procedentes de sistemas productivos con estándares diferentes.
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