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Productores de diversas regiones denuncian problemas de salud en el ganado y solicitan al Gobierno que el uso de estos dispositivos sea voluntario
La implementación obligatoria de crotales electrónicos para la identificación del ganado bovino ha generado una ola de críticas y preocupaciones entre los ganaderos españoles. Organizaciones como la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han manifestado su desacuerdo con esta medida, argumentando que la normativa europea no exige su obligatoriedad y solicitando que su uso sea opcional.
Desde el 1 de julio de 2024, las explotaciones de vacuno están obligadas a identificar a sus animales con estos dispositivos electrónicos. Sin embargo, la Unión de Uniones sostiene que la legislación comunitaria permite que su utilización sea voluntaria, y advierte que la imposición de estos crotales podría tener efectos económicos adversos para los ganaderos, quienes tendrían que asumir el coste adicional sin obtener beneficios directos.
En la provincia de Salamanca, la situación ha generado especial inquietud. Ganaderos locales denuncian que los nuevos crotales electrónicos son significativamente más grandes que los anteriores, llegando a parecer «auténticos cencerros colgados de las orejas» en algunas razas. Esta característica ha provocado dificultades en su colocación y adaptación, especialmente en el ganado bravo, donde los becerros pueden sufrir deformaciones en la oreja debido al peso del dispositivo. Además, el mayor tamaño incrementa el riesgo de infecciones y aparición de hongos.
Otro punto de controversia es la obligatoriedad de colocar el crotal exclusivamente en la oreja izquierda, una decisión que los ganaderos consideran arbitraria e innecesaria, ya que cada explotación tiene su propio método de trabajo y manejo del ganado. Además, la falta de disponibilidad de estos dispositivos debido a pérdidas en el campo está generando retrasos en la identificación del ganado y aumentando los costes, al tener que desplazarse a distintas Unidades Veterinarias en busca de crotales.
La Junta de Castilla y León ha invertido 2,3 millones de euros en la adquisición de estos crotales electrónicos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y el control sanitario del ganado. Sin embargo, los ganaderos insisten en que la medida debería ser flexible y adaptarse a las necesidades específicas de cada explotación.
En este contexto, los productores solicitan al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que reconsidere la obligatoriedad de los crotales electrónicos y permita que su uso sea voluntario, respetando las particularidades de cada explotación y evitando imposiciones que puedan generar resistencia en el sector.
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