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La Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha denunciado el “mercadeo” con un bien público “tan necesario” como es el agua
- Ha reclamado que el nuevo decreto de sequía anunciado por la Junta incluya la creación de los “centros de intercambio de derechos”.
El presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, ha denunciado que muchas explotaciones ganadera extensivas no tienen agua y por ello están sacrificando sus animales.
Además, ha explicado que este año la sequía no permitirá realizar la trashumancia, porque los pantanos están peor que el año pasado, por lo que se ha preguntado que ante la situación de escasez de agua.
La MSA ha denunciado el colapso hídrico de muchas poblaciones, el mal estado de los acuíferos, muchos de los cuales se explotan cuando la falta de precipitaciones no permite su recuperación.
Han recordado que muchas explotaciones familiares están en peligro.
La plataforma, compuesta por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, ha transmitido en rueda de prensa su “preocupación” por la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por la empresa Feragua.
Ha repasado que en la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz y, con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 m3/ha.
Mercantilización del agua en Andalucía
En la implementación de este proceso de cesión de derechos de riego, una entidad privada, explican, pretende asumir una función de intermediación, “ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes”.
La Mesa Social del Agua argumenta que, aunque la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, en una situación “tan grave” de sequía como la actual, “no se puede mercadear con un bien público como es el agua”.
Por ello, opina que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) “debe frenar la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos”.
Han señalado que el Ministerio para la Transición Ecológica está a la espera de una propuesta de la Confederación para llevarla al Consejo de Ministros.
Piden la gestión pública del agua
Dada la “urgencia” de actuar contra esta situación, piden que se regule la creación de los centros públicos de intercambio de derechos que ya están previstos en la Ley de Aguas, de forma que estén gestionados por una entidad pública.
Estos centros deberían establecer “criterios de distribución del recurso que contemplen un reparto social del agua destinado al regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos”.
Al margen de la situación actual, la Mesa advierte que en Andalucía “existe un desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles” y cree que las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta “ignoran y no abordan la problemática de la sobreexplotación de recursos”.
La plataforma ve “imprescindible” dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre y, en cuanto a los regadíos, exige un “reparto social” del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional.
Además considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una, y, más a medio y largo plazo, reclama a la Junta que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua aprobado la pasada legislatura.
El agua es un bien público de servicio de interés general
El profesor de la Universidad de Sevilla Leandro del Moral Ituarte ha subrayado que cualquier intervención del agua tiene que tener “criterios sociales, no de mayor capacidad de pago”, porque el agua es un “bien público de servicio de interés general, ambiental y ecológico . Es un bien natural que no se puede esquilmar”.
Asimismo, han explicado que el agua cedida se puede destinar al consumo en municipios andaluces con grandes déficits de agua, con una compensación a los arroceros que ceden sus derechos al agua, siempre que no se deje el agua al mercado.
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